TEMUCO.- El 12 de mayo, la Corte Suprema de Chile ratificó una condena de 18 años de prisión por Celestino Córdova, un machi (lider religioso mapuche), por el incendio de una hacienda el año pasado, donde resultó muerta una pareja de ancianos. El fallo ha provocado molestia entre sus seguidores desde que fue condenado por un tribunal de primera instancia a finales de febrero. La pareja, Werner Luchsinger y Vivian McKay, eran parte de una disputa de tierras con un grupo indígena local, ello en la región de la Araucanía, un área históricamente habitada por los mapuches.
El 28 de febrero, los manifestantes mapuche se reunieron frente al palacio de justicia de Temuco para protestar. "Miles de nosotros fueron masacrados por los chilenos y ninguno de ellos fue a la cárcel", explicó uno de los Mapuches. Pero incluso a pesar de estos 130 años de conflicto, los partidarios del machi estaban convencidos de su inocencia e insistieron en que el juicio fue un montaje. Buenas razones tienen para creer que el sistema de seguridad y justicia del Estado chileno no los está tratando justamente.
En los últimos años, varios dirigentes mapuches han sido detenidos bajo falsas acusaciones, sólo para ser puestos en libertad después de meses o incluso años de prisión por falta de pruebas. En febrero, un agente encubierto de la policía, Raúl Castro Antipan, confesó que se había infiltrado y participado de incendios para implicar a los líderes de la comunidad mapuche, ello en más de una ocasión. Los mapuches sostienen que al condenar a Córdova, el estado está tratando de acallar sus demandas para la devolución de sus territorios ancestrales en el sur del país.
Los mapuches perdieron la mayor parte de su territorio cuando fueron incorporados en Chile a fines del siglo XIX. Pero el conflicto no terminó ahí. Con los años, gran parte de las pocas tierras que habían quedado en manos mapuche y que se habían registrado a su nombre fueron usurpadas por colonos o terminaron en manos de empresas forestales y propietarios de tierras privados.
Después del final de la dictadura de Pinochet, el Estado se comprometió a iniciar una nueva relación con los pueblos indígenas, basada en un trato justo. La devolución de los territorios en disputa a los mapuches era una parte fundamental de aquel compromiso. Sin embargo, los esfuerzos de restitución de tierras han sido poco entusiastas. Ninguno de los gobiernos democráticos ha estado dispuesto a poner en riesgo los intereses de los dueños de las plantaciones forestales, que son actores importantes en el crecimiento económico de Chile. La madera es el segundo mayor producto de exportación del país, por un valor de casi $6 mil millones de dolares al año.
Por otra parte, la élite política chilena está profundamente involucrada con la industria maderera, que financia las campañas de los dos principales bloques de partidos. Por ejemplo, el ex Intendente de la Araucanía, Andrés Molina Magofke, tiene una participación del 42 por ciento en una pequeña empresa maderera, de nombre Santa Laura, por valor de $600.000 dólares.
El gobierno ha descuidado dar los poderes de expropiación necesarios al organismo encargado de la recompra de las tierras en disputa, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI). Como resultado, la institución se ha entrampado en prolongadas negociaciones con los propietarios, quienes, a sabiendas que la ley requiere que el estado compre las tierras, han estado exigiendo precios exorbitantes, según señaló el ex director regional de la CONADI Biobio, Julio Anativia.
Mientras tanto, los mapuches luchan por sobrevivir en pequeñas parcelas de tierra. Plantaciones vecinas de pinos y eucaliptos solo empeoran su situación, ya que estas plantas demandan tal cantidad de agua que han secado en muchas zonas las napas subterraneas. La Araucanía, donde casi un tercio de la población es mapuche, es la región más pobre de Chile, con el nivel de pobreza de 22,9 por ciento en 2011. Durante la presidencia de Sebastián Piñera, el gobierno trabajó en una propuesta denominada Plan Araucanía, destinado a estimular el crecimiento económico en la región. Al parecer el nuevo Intendente de la Araucanía no tiene intención de continuar con dicho programa.
No es de extrañar por qué las tensiones van en aumento. Incapaz de encontrar una solución al conflicto de tierras, los gobiernos anteriores recurrieron a la represión. Innumerables carabineros (policía uniformada) fueron enviados para terminar con las ocupaciones de tierras "ilegales" de las comunidades mapuche. Activistas de derechos humanos denunciaron que estos desalojos se han desarrollado con indiscriminada violencia contra mujeres, niños y ancianos. Un joven de 17 años, Alex Lemun, fue asesinado a tiros en 2002 mientras que su comunidad estaba ocupando terrenos privados. Matias Catrileo (22 años) y Jaime Mendoza Collio (24 años) fueron asesinados en circunstancias similares en 2008 y 2009 respectivamente.
Según la legislación chilena vigente, todas las denuncias de abusos por parte de carabineros se escudan en los procedimientos judiciales militares que son secretos. Es así que muchas quejas se rechazan o se dejan sin resolver. El oficial que mató a Alex Lemun evadió la prisión y continúa sirviendo en la fuerza policial. La impunidad de facto que gozan los agentes del orden se encuentra en un marcado contraste con el vigoroso procesamiento de los mapuches que violan la ley. En virtud de una legislación antiterrorista de la época de Pinochet, los gobiernos democráticos de Chile, incluyendo la Presidenta Michelle Bachelet, han encarcelado mapuches durante meses, y condenado a largas penas de prisión sobre la base de testimonios de testigos secretos.
En uno de los casos más emblemáticos, cinco dirigentes mapuches fueron sentenciados a 10 años de prisión en 2004 por "incendio terrorista" en la hacienda Poluco Pidenco de la empresa forestal Mininco. En otro caso, tres dirigentes mapuches fueron condenados a cinco años de cárcel por amenazas de incendio contra el patrimonio del ex ministro de Agricultura, Juan Agustín Figueroa en 2003. El año pasado, un investigador de derechos humanos de la ONU, Ben Emmerson, advirtió en la región de la Araucanía un clima social "extremadamente volátil", en parte debido al mal uso de esta legislación contra el terrorismo en el contexto de "un inexcusablemente lento" proceso de reparación al Pueblo Mapuche. Él instó al gobierno a tomar la resolución de este conflicto como una prioridad política.
Por suerte, la nueva presidente de Chile, Michelle Bachelet, parece tener la voluntad para atender las quejas de los mapuches. O algunas de ellas, por lo menos. Durante su campaña, Bachelet se comprometió a no utilizar de nuevo la ley antiterrorista contra los activistas indígenas, e investigar los abusos causados por el uso de esta ley en el pasado. También prometió fortalecer la CONADI al convertirlo en un ministerio de Asuntos Indígenas, e incluir el reconocimiento de los pueblos indígenas en una nueva Constitución. Hasta ahora, la ley principal de Chile ha insistido en que sólo hay una nación en el país, no reconociendo a los mapuche como tal.
El nuevo Intendente de la Araucanía, Francisco Huenchumilla, también planea ayudar. Sólo un día después de que asumió el cargo el 11 de marzo, se disculpó con el pueblo mapuche para las apropiaciones de tierras y reconoció que el Estado chileno tiene una deuda. Siendo él mismo de origen mapuche, Huenchumilla parece decidido a convencer a las empresas madereras para tomar parte en la resolución del conflicto, pidiéndoles salir de las zonas más críticas. Sin embargo, parece no contar todavía con la buena voluntad de los inversores. Las madereras han dejado claro que no están dispuestas a unirse a la disculpa del Intendente, diciendo que ellos, no los mapuches, son las víctimas del conflicto de tierras.
Por el momento, Huenchumilla no tiene ninguna herramienta en la mano para obligarlos a cooperar. A pesar de su experiencia política y determinación, él es sólo un representante designado por el presidente y como tal, él también tendrá que seguir las órdenes del gobierno central. El programa de la presidenta se ve bien en el papel. Pero, ¿cómo será ella capaz de implementarlo? Todas las propuestas de ley deben ser aprobadas por el Congreso y muchas de ellas han caído allí en el pasado. Esta vez, el bloque de izquierda de Bachelet tiene mayoría en ambas cámaras del Congreso, sin embargo, el apoyo unánime a las propuestas de la presidenta en materia indígena es poco probable.
Teniendo en cuenta el historial de Bachelet de utilizar la ley antiterrorista contra los mapuches durante su primer mandato, los mapuche no están dejando sus esperanzas volar demasiado alto. El reconocimiento en la Constitución ya fue prometido a los indígenas durante el primer gobierno de Bachelet, en vano. Por otra parte, los mapuches aseguran que no se apaciguarán con el reconocimiento simbólico en una nueva constitución. Quieren que incluya ciertos derechos, específicos, tales como el derecho a la libre determinación, el derecho al territorio y el reconocimiento de los parlamentos mapuche con la Corona Española.
El gran desafío para el nuevo presidente será ganar la confianza de los mapuches, perdida durante años de malos tratos. Las comunidades rurales más activistas, por su parte, tienen muy poca confianza en la política y los políticos. "El Estado está usando las leyes para proteger los intereses de los ricos. Favorece el derecho de propiedad por sobre el derecho a la vida. Hay una ley sobre los pueblos indígenas, pero nunca ha sido respetada", señala Kelv Tranamil, líder de la protesta en apoyo al machi Córdova. "Lo poco que hemos logrado ha sido porque nuestros mayores lucharon y murieron", agrega.
Intelectuales mapuches creen que la clase política tiene una comprensión muy limitada de los derechos de los pueblos indígenas. Como mapuche antropólogo, Rosamel Millaman Reinao explica que "las políticas del gobierno no están abordando en absoluto los problemas de fondo. La tierra no es el único problema existente. Hay problemas históricos, económicos, culturales, políticos e ideológicos, también", señala. Además, los mapuche sienten que el gobierno no se preocupa fundamentalmente por ellos al carecer de real poder de presión. "No tenemos poder económico, tampoco poder cultural o político, y como tal, somos irrelevantes en la agenda del Estado", dice el periodista Pedro Cayuqueo. "El tema indígena como tema político no existe, es solo un problema de seguridad pública para ojos del gobierno. Lo paradójico es que somos terroristas sin un centavo", agrega.
Para ser justos, en algunos aspectos Chile ha ido más lejos que muchas democracias bien establecidas para proteger los derechos de sus pueblos indígenas. Es uno de los 22 países que ha ratificado el Convenio 169 de la OIT, un tratado legalmente vinculante que cubre una amplia gama de derechos, entre ellos la tierra, la educación, la salud, el empleo, los recursos naturales y la participación en los asuntos públicos. Sin embargo, los gobiernos anteriores no lograron aplicar plenamente este Convenio en su ordenamiento jurídico interno, en especial cuando se trata de derecho de los pueblos indígenas a la consulta sobre la legislación o los proyectos de inversión que les afectan directamente. En consecuencia, Chile no sólo está violando sus obligaciones jurídicas internacionales, sino que también perpetúa la desconfianza de los mapuches del gobierno y promoción de los conflictos entre los dos, socavando la integridad de su propia democracia.
Es crucial que Bachelet cumpla las promesas de su programa. El sentimiento de injusticia entre los mapuches está derivando rápidamente en actos de violencia. Mientras los manifestantes en frente de la corte Temuco lanzaban piedras a carabineros, en febrero pasado, cantaban: "¡No queremos la paz, queremos nuestra tierra!".
